Quito, 30 de abril de 2012
Ecuador,
en los últimos cinco años ha experimentado una acelerada
contra-reforma laboral dada a partir de la expedición de tres
Mandatos Constituyentes, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la
Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Producción que
distorsiona el mandato constitucional sobre “Salario Digno”. A lo
anterior se suma un conjunto de decretos y acuerdos ministeriales que
violentan los derechos laborales y sindicales profundizando la
explotación laboral especialmente de las trabajadoras y trabajadores
del sector público ecuatoriano.
Mención
especial requiere el Decreto Ejecutivo 813 sobre la insólita
“Renuncia Obligatoria” cuyo contenido violenta la Constitución y
los Convenios Internacionales suscritos por el país con la OIT.
Ni los gobiernos llamados
neoliberales han sido tan agresivos contra los trabajadores y el
movimiento sindical. El gobierno de Rafael Correa ha provocado la
división del mismo, ha privilegiado el despido de dirigentes
sindicales críticos al Régimen, ha cambiado de nombre a la
tercerización laboral por externalización, ha implementado una
política de “congelamiento” a los trámites que las
organizaciones sindicales defensoras de los derechos laborales
impulsan y lo más preocupante es que ha despedido a miles de
trabajadores del sector público bajo el mismo argumento neoliberal
de la modernización.
Los
servidores públicos han sido los más golpeados por el gobierno que
ha atentado en contra de la:
- Libertad Sindical.- Los servidores públicos no están considerados como trabajadores, están fuera del derecho laboral consagrado en el primer Código de Trabajo de 1938, por lo tanto excluidos del derecho a organizarse sindicalmente, a la contratación colectiva y a la huelga.
- Contratación Colectiva.- la revisión unilateral de contratos colectivos facilita los despidos intempestivos; la clasificación de los trabajadores, en servidores y obreros; e, incapacidad para negociar incrementos salariales y condiciones dignas de trabajo.
- Estabilidad laboral.- los trabajadores y servidores públicos perdieron la garantía de estabilidad laboral, se establece su desvinculación vía evaluaciones, supresiones de partidas y renuncias obligatorias, además de sumarios administrativos. Oficialmente se reconoce que existen aproximadamente seis mil trabajadores despedidos (que en realidad superan los diez mil), la mayoría en medio de una campaña mediática de desprestigio a los trabajadores públicos situándolos como responsables de la mala calidad del servicio público, y dando paso a la privatización de dichos servicios.
- Derecho a la resistencia-protesta.- cuarenta y ocho dirigentes de diversas organizaciones sindicales y gremiales han sido perseguidos y judicializados por realizar acciones de defensa de los derechos trabajadores; lo mismo sucede con dirigentes indígenas y sociales que luchan contra las políticas del régimen:
El
régimen no solo golpea de forma directa a los trabajadores sino que
lo hace mediante otras medidas que lo perjudican, como el
incremento permanente de los precios de la canasta básica,
el uso y abuso de los fondos de la Seguridad Social que son de los
trabajadores, la instrumentación de un modelo de seguridad social
que presta sus servicios de salud a través de empresas privadas y
la virtual eliminación de los Fondos de Reserva, -mecanismo de
ahorro independiente y complementario al salario, creado hace más de
50 años-, transformándolo en un componente del salario digno,
eliminando el derecho adquirido de los trabajadores al ahorro,
disminuyendo los ingresos reales de los trabajadores y afectando sus
condiciones de vida y de su familia.
Por lo expuesto, las
organizaciones que conformamos la Coordinara Plurinacional por la
Unidad de las izquierdas: Pachakutik, Movimiento Popular Democrático,
Participación, Montecristi Vive, Poder Popular y Corriente
Socialista Revolucionaria, manifestamos:
- Nuestro público respaldo a la MARCHA UNITARIA DEL 01 DE MAYO convocada por el Frente Unitario de Trabajadores, , Frente Popular, CONAIE y Movimientos Sociales a todas las fuerzas sociales y políticas del Ecuador y a todos los ciudadanos comprometidos con la transformación social del país y sensibles ante la situación por la que atravesamos,
- Nuestra exigencia al gobierno para que cumpla con los 19 puntos del Mandato de la “Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos”,
- Nuestro compromiso en la lucha junto al movimiento social y sindical por la defensa de los derechos de los trabajadores, la estabilidad laboral, la derogatoria del Decreto 813, el reintegro de los despedidos, salario de la dignidad, pago de la deuda del Estado al IESS y la aprobación del nuevo Código del Trabajo propuesto por las Centrales Sindicales. Así como exigimos el cese de la criminalización de la lucha social y la libertad y amnistía para los presos políticos del régimen antidemocrático de Rafael Correa.
- Nuestro llamado a la unidad de todos los sectores democráticos, progresistas y de izquierdas para fortalecer la Coordinadora Plurinacional y poder construir un Gobierno con y para los trabajadores, derrotando a la derecha dentro y fuera del Régimen Correista.
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