Nueve años después de que el pueblo Sarayaku planteó una demanda ante la
Corte Interamericano de Derechos Humanos (Corte IDH), una delegación de
la entidad visitará mañana la comunidad, en Pastaza, para tomar
testimonios y constatar la situación del pueblo, previo a la expedición
de una sentencia por supuesta violación de derechos humanos.
Los jueces internacionales buscan ahondar en la situación actual de esta comunidad y determinar si el Estado cumplió con las medidas cauterales emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 2003, este poblado, conformado por seis comunidades kichwas, planteó la demanda contra el Estado ecuatoriano por la concesión del bloque 23 a favor de la empresa petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC). El argumento fue que dicha concesión se realizó sin la adecuada socialización, consulta o pedido de consentimiento hacia ellos, que habitan en la zona.
Preparativos
José Gualinga, presidente de Sarayaku, dijo que la Corte IDH llegará a la Amazonía hoy y sus representantes mantendrán una reunión preparatoria con los abogados de la comunidad, antes de la visita oficial al lugar.
Gualinga aseguró ayer que las medidas cautelares en 2003 no fueron acatadas por el país. En julio de 2004, la Corte IDH dictó medidas provisionales para proteger la zona y para que se retire una tonelada y media de explosivos (pentolita) dejados en el lugar, pero “aún no se han cumplido”, acotó el dirigente.
El representante de los indígenas señaló que, tras la contaminación en las zonas, el Ecuador propuso tres alternativas, que no fueron aceptadas por las comunidades por considerar que causarían más daños en el ambiente.
Situación
Según Gualinga, la onceava licitación petrolera de las 21 nuevas áreas identificadas en el sur oriente del país afectarán 3’800.000 hectáreas de su territorio. Según advirtió, siete bloques están dentro de sus tierras.
Según el cronograma del Gobierno, en este mes tenían que salir a licitación las 21 áreas, pero ya han transcurrido 20 días del mes y no se ha concretado. Estos se encuentran distribuidos en toda la parte sur oriental del país, en Pastaza y Morona Santiago. También hay uno en Orellana. Por lo pronto, Marco Calvopiña, gerente de Petroecuador, manifestó que la estatal petrolera está interesada en operar los bloques 28 y 87.
En Pastaza se encuentran 14 de estos nuevos bloques (ver mapa), distribuidos por toda la provincia. Los Sarayakus están ubicados al sureste y dentro de sus territorios “se encuentran siete de estas áreas” con reservas petroleras, de acuerdo con Gualinga.
La preocupación de la comunidad es que son “más de 3 millones de hectáreas de propiedad colectiva, de alta biodiversidad y espacios de vida de nuestro pueblo que se verán afectadas”. La posición de la comunidad es que se aplique la consulta previa de consentimiento libre e informada, pero “con el carácter de buena fe, como está en el artículo 179 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y también en la declaración de los derechos de los pueblos indígenas del sistema de Naciones Unidas”. Es decir, que sus resultados sean vinculantes y acogidos por el Gobierno.
El Estado
El procurador general del Estado, Diego García, informó que la tesis oficial frente a la demanda que planteó el pueblo Sarayaku es que al momento en que se produjo la concesión no estaba vigente el tratado de la OIT que incluye la posibilidad de la consulta previa, ni la Constitución de 1998, en la que ya se establecía la consulta a las comunidades.
García agregó que la vista de los representantes de la Corte IDH se realiza pese a la oposición inicial de los pueblos Sarayaku y Jatun Molino.
El Procurador también señaló que entre 2008 y 2009 un equipo especializado de la Policía fue al lugar, para empezar a retirar la pentolita, pero no pudo ser concluido por la oposición de la población.
Los jueces internacionales buscan ahondar en la situación actual de esta comunidad y determinar si el Estado cumplió con las medidas cauterales emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 2003, este poblado, conformado por seis comunidades kichwas, planteó la demanda contra el Estado ecuatoriano por la concesión del bloque 23 a favor de la empresa petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC). El argumento fue que dicha concesión se realizó sin la adecuada socialización, consulta o pedido de consentimiento hacia ellos, que habitan en la zona.
Preparativos
José Gualinga, presidente de Sarayaku, dijo que la Corte IDH llegará a la Amazonía hoy y sus representantes mantendrán una reunión preparatoria con los abogados de la comunidad, antes de la visita oficial al lugar.
Gualinga aseguró ayer que las medidas cautelares en 2003 no fueron acatadas por el país. En julio de 2004, la Corte IDH dictó medidas provisionales para proteger la zona y para que se retire una tonelada y media de explosivos (pentolita) dejados en el lugar, pero “aún no se han cumplido”, acotó el dirigente.
El representante de los indígenas señaló que, tras la contaminación en las zonas, el Ecuador propuso tres alternativas, que no fueron aceptadas por las comunidades por considerar que causarían más daños en el ambiente.
Situación
Según Gualinga, la onceava licitación petrolera de las 21 nuevas áreas identificadas en el sur oriente del país afectarán 3’800.000 hectáreas de su territorio. Según advirtió, siete bloques están dentro de sus tierras.
Según el cronograma del Gobierno, en este mes tenían que salir a licitación las 21 áreas, pero ya han transcurrido 20 días del mes y no se ha concretado. Estos se encuentran distribuidos en toda la parte sur oriental del país, en Pastaza y Morona Santiago. También hay uno en Orellana. Por lo pronto, Marco Calvopiña, gerente de Petroecuador, manifestó que la estatal petrolera está interesada en operar los bloques 28 y 87.
En Pastaza se encuentran 14 de estos nuevos bloques (ver mapa), distribuidos por toda la provincia. Los Sarayakus están ubicados al sureste y dentro de sus territorios “se encuentran siete de estas áreas” con reservas petroleras, de acuerdo con Gualinga.
La preocupación de la comunidad es que son “más de 3 millones de hectáreas de propiedad colectiva, de alta biodiversidad y espacios de vida de nuestro pueblo que se verán afectadas”. La posición de la comunidad es que se aplique la consulta previa de consentimiento libre e informada, pero “con el carácter de buena fe, como está en el artículo 179 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y también en la declaración de los derechos de los pueblos indígenas del sistema de Naciones Unidas”. Es decir, que sus resultados sean vinculantes y acogidos por el Gobierno.
El Estado
El procurador general del Estado, Diego García, informó que la tesis oficial frente a la demanda que planteó el pueblo Sarayaku es que al momento en que se produjo la concesión no estaba vigente el tratado de la OIT que incluye la posibilidad de la consulta previa, ni la Constitución de 1998, en la que ya se establecía la consulta a las comunidades.
García agregó que la vista de los representantes de la Corte IDH se realiza pese a la oposición inicial de los pueblos Sarayaku y Jatun Molino.
El Procurador también señaló que entre 2008 y 2009 un equipo especializado de la Policía fue al lugar, para empezar a retirar la pentolita, pero no pudo ser concluido por la oposición de la población.
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