El proceso de transformación profunda que exige el pueblo ecuatoriano tiene la oportunidad de iniciar su materialización aprobando la Ley de Aguas, presentada por la bancada de izquierda que la integran Pachacutik, Socialismo y MPD, la misma que persigue entre otras aspiraciones: la redistribución de los derechos sobre el agua.
Para los sectores populares y de manera particular para los campesinos e indígenas pobres de la sierra y la costa, el agua es un elemento determinante en su vida cotidiana, es el recurso básico para producir su parcela y mantener a sus hijos, es la vida misma vista como el desarrollo de su núcleo familiar y de su entorno comunitario. Para el mundo amazónico el agua se constituye en un elemento de su espiritualidad y en el mecanismo natural que le permite relacionarse con sus hermanos que habitan la tierra, sencillamente es la fuente de vida. En todas nuestras culturas la relación que se establece entre el hombre y el agua es de vida, recreación y equilibrio con la naturaleza.
El Estado ecuatoriano, en función de intereses de grupos minoritarios, históricamente ha facilitado la concentración de este recurso en pocas manos a pretexto de fomentar la gran explotación agrícola, pocos han sido los beneficiarios directos de este proceso de acumulación que ha ubicado en el limite de la supervivencia a la mayoría de campesinos e indígenas. Este proceso anti humano no puede continuar y es crucial avanzar en la redistribución del agua y evitar su privatización y monopolio.
Estamos conscientes de que esta propuesta de Ley es parte integrante de una gran propuesta por la vida y la dignidad del hombre que engloba la redistribución de la tierra, el uso de tecnologías adecuadas para nuestro entorno natural y cultural y la soberanía alimentaria.
El movimiento indígena ha tomado la palabra al presidente Correa que busca profundizar el cambio y ha propuesto una Ley que en su parte sustantiva busca revertir este proceso irracional y ubicar las prioridades humanas en el uso y distribución del agua.
Esta iniciativa posibilitará a quienes se encuentran comprometidos con el cambio un espacio para discutir, proponer y adherirse a la gente que quiere construir un Ecuador equitativo y solidario,es decir obligará a tomar partido. Así mismo, hay la seguridad de que la Ley propuesta encontrará opositores y detractores no se en los grupos políticos que representan a los beneficiarios de la concentración del uso del agua, sino incluso dentro del propio partido de gobierno que no da señales claras de avanzar en la línea del presidente Correa que es la profundización del cambio. La única certeza que se tiene es que el apoyo y la movilización popular hará madurar esta idea que bien podría convertirse en la Ley que irrumpa, en este estado de conformismo y subordinación a los grandes intereses económicos que imperan en la patria, y logre dar pasos en firme hacia la redistribución de la riqueza nacional que sigue concentrada en pocas manos.
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