Quito, 12 julio de 2011
El pueblo de Sarayaku demandó al Estado ecuatoriano por no haber respetado sus derechos cuando, en 1996, dio en concesión gran parte del territorio del pueblo a la empresa petrolera argentina CGC. Además, cuando, entre los años 2002-2003, trabajadores de la empresa CGC ingresaroninconsultamente al territorio, con militares ecuatorianos, para realizar exploración sísmica. La empresa abrió trochas, introdujo explosivos y deforestó áreas de bosque, incluyendo árboles y plantas de valor sagrado y cultural para la comunidad. También, en éstos eventos líderes de Sarayaku fueron amenazados y hostigados por sus labores en defensa del territorio ante la entrada ilegal de la compañía.
Las víctimas fueron representadas por la Asociación del Pueblo Kichwa de Sarayaku (Tayjasaruta), el abogado Mario Melo de Fundación Pachamama y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
“Si existen autoridades indígenas y derecho consuetudinario sobre el control de un territorio, esa autoridad debe ser respetada” declaró James Anaya, Relator Especial de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) durante su intervención en la Audiencia del Caso Sarayaku. El Relator recalcó la importancia, de consultar a los indígenas desde la etapa en que se conciben los proyectos de desarrollo en sus teritorios y criticó el hecho de que “llegan a los territorios con los contratos ya hechos, los obreros contratados y las obras diseñadas y luego se le presenta a los pueblos. Eso no puede ser así”. Anaya señaló que existen instrumentos jurídicos internacionales que justifican la obligación de los Estados a realizar la consulta, y entre algunos instrumentos legales que mencionó para cumplir con ésta medida citó los siguientes: el convenio de la Organización de Estados Americanos y la misma Convención Americana de Derechos Humanos (Ambos instrumentos fueron ratificados por Ecuador en 1977 y 1999, respectivamente).
El Dr. Melo (ABOGADO SARAYACU )denunció el incumplimiento por parte del Estado ecuatoriano de las medidas de protección ordenadas por la Corte Interamericana hace 6 años. Además, hasta la fecha, el Estado no ha acatado las recomendaciones que fueron emitidas en el 2009 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para este caso. Tampoco, ha cumplido con las medidas de protección ordenadas por este órgano para garantizar la vida e integridad física de los pobladores y pobladoras del pueblo de Sarayaku.
Además de exponer que las acciones del Estado pusieron en grave riesgo la vida de los miembros del pueblo de Sarayaku y sus condiciones de acceso a una vida digna, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL y parte de los abogados de Sarayaku, explicó que: “El caso es transcendental, ya que es emblemático de la persistente violación de los derechos de los pueblos indígenas no solo en Ecuador, sino en todo el continente.”
El presidente de la Corte, el juez peruano Diego García Sayán, cerró la fase de preguntas consultando a la delegación estatal qué veracidad hay en la versión de que Ecuador prepara una nueva licitación de bloques petroleros para octubre. Los representantes del Estado comentaron no tener información al respecto, por lo que se comprometieron a responder ésta interrogante, en una ampliación de alegatos escritos.
Se espera que la Corte emita su sentencia antes de que finalice el año.
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