La asambleísta por Pachakutik, Diana Atamaint, calificó como un
triunfo a la lucha organizada de los pueblos, la resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que obliga al Estado
ecuatoriano a pagar de 1,4 millones de dólares a la comunidad Sarayaku
por la explotación petrolera en el año 2002 sin haber realizado consulta
previa.
En ese sentido se mostró preocupada por el documento remitido el 19 de
julio sobre la consulta previa, pues a su criterio el texto que propone
el ejecutivo es únicamente para informar a los pueblos sobre las áreas
en las que se beneficiaran por la explotación de sus territorios y más
no para entablar un dialogo y escuchar las propuestas de las
comunidades.
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