Quito, 9 de noviembre de 2011
Como ilegal e inconstitucional calificó la asambleísta de Pachakutik Diana Atamaint, la decisión del gobierno Nacional través del Ministro de Relaciones laborales, de iniciar un proceso de despido masivo a los servidores públicos, sin fundamento alguno, utilizando la mañosa figura de la compra de renuncia obligatoria, basándose en el Decreto Ejecutivo 813
El
Decreto 813 enfatizó Atamaint, contraviene a los señalado en el
articulo 425 de la Constitución que determina el orden jerárquico
de la aplicación de las normas es decir La Constitución; los
tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes
ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los
decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y resoluciones;
los demás actos y decisiones de los poderes públicos, bajo estos
parámetros es fácil deducir que el Decreto resulta inconstitucional
y carece de fundamento jurídico.
Recordó
que el trabajo es un derecho fundamental reconocido por la
Constitución estableciendo que “El Estado impulsará el pleno
empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo”. Insistió
que el gobierno pretende dejar en el desempleo aproximadamente a 200
mil servidores públicos hasta el año 2012, con lo cual crecerá la
delincuencia, la inseguridad y la pobreza.
La
utilización de los ingentes recursos de los cuales ha dispuesto el
Gobierno durante estos últimos años no ha cambiado el panorama de
inequidad que existe en el Ecuador, por el contrario la
concentración del poder en el Presidente de la República ha
determinado la desinstitucionalización de la república; el estilo
de gobierno ha dividido a los ecuatorianos y ha generado odios y
rivalidades a todo nivel; de ahí que derechos fundamentales de las
personas, tales como el derecho al trabajo; a expresar libremente sus
opiniones, a acceder a una verdadera justicia han sido
sistemáticamente violados, quedando como simple aspiraciones
líricas. Enfatizó.
Atamaint,
se solidarizo con los trabajadores despedidos en Morona Santiago pero
dejó en claro que tienen su respaldo en todas las acciones que
deberán desarrollar para reinvindicar sus derechos.
Finalmente
formuló un llamado a los miembro de la Corte Constitucional para
que se pronuncie sobre las demandas de incosntitucionalidad al
Decreto 813 que afecta derechos alcanzados a través de los años por
los trabajadores.
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