Correa
mencionó incluso el desafuero, lo que ha despertado la reacción de
la opinión pública y de quienes ejercer la labor de fiscalización.
"Se han vivido verdaderos abusos en nombre de la actividad
parlamentaria" afirmó.
La inmunidad es un privilegio garantizado constitucionalmente que persigue salvaguardar la capacidad de trabajo y funcionamiento de la Función Legislativa, a través de la protección individual de sus miembros.
Es utilizada en la mayoría de los sistemas democráticos del mundo y existe en Ecuador desde la Constitución de 1830.
La Asambleísta Diana Atamaint, a quien el año pasado se le intentó levantar su inmunidad por un impase con la Ministra de Ambiente, indicó que los legisladores no necesitarían inmunidad parlamentaria si tuvieran todas las pruebas y documentación y sobre todo si las autoridades de control fueran independientes y transparentes.
El Asambleísta reelecto Paco Velasco, recordó que ya en el 2011, el presidente Correa había hablado de llevar el tema de la inmunidad parlamentaria a consulta popular.
Velasco resaltó que la inmunidad parlamentaria no exime a los legisladores de sus responsabilidades y tampoco puede ser considerada como un privilegio personal.
Para Santiago Guarderas, las intenciones del presidente apuntarían a otro camino, su objetivo sería "acabar con la fiscalización y perseguir a sus opositores". "Cada día da más pasos en este sentido" afirmó. ( Fuente Revista Informativa Democracia)
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